miércoles. 06.07.2022
“A la ballena todo le cabe y nada la llena”, refranero popular

CIE, dinero público, cuentas públicas

* La CIE se embolsa 433.130,15€ en una única subvención

* Algunos organismos del Estado continúan insuflando vida económica a una entidad que en nada favorece a los musulmanes de España

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El pasado 17 de marzo, el Ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y Presidente del Patronato de la Fundación Pluralismo y Convivencia (FPyC), don Félix Bolaños García, firmó la subvención de concesión directa a la Comisión Islámica de España (CIE) por un importe de 433.130,15 €.  

Atender el cumplimiento de las funciones vinculadas al desarrollo del acuerdo de cooperación y al ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa durante el año 2021 parece ser el objeto de esta subvención, que ya ha liberado 259.878,09 € correspondientes al primer pago fraccionado del 60% del total. El 40% restante se transferirá junto con la justificación final de la actividad desarrollada.

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Si nada lo impide, el monto más grueso corresponderá a las retribuciones de personal contratado a cargo de la CIE, o lo que es lo mismo, a mantener a su séquito de representantes y supuestos delegados autonómicos quienes, salvo posados y patéticos fotográficos, poco, por no decir nada, han hecho en beneficio de la comunidad, a excepción de la suya propia.

Justificar su existencia demorando y sometiendo a un estado vegetativo el cumplimiento de los derechos que recoge el Acuerdo de Cooperación no es sino alimentar el pretexto que consume recursos, voluntades e ilusiones mientras bloquea con alevosía cualquier intento de progreso de los ciudadanos musulmanes en España, sometidos a un yugo que dura 30 años.

Qué distinto sería si tras estos casi 30 años la CIE hubiera defendido el mandato de la Ley 26/1992 como ordena la Constitución: con rigor, eficacia y decisión en lugar de aceptar con complacencia y artes de mendicidad domesticada, tamaño recorte en los derechos conducentes a una creciente precariedad de la libertad religiosa actual.

Su exigua y miope capacidad para comprender la realidad nubla cualquier intento de sintonía acorde a los tiempos convulsos que vive la ciudadanía. A estas alturas, resulta incomprensible que los suculentos sueldos de quienes están en nómina de la CIE no hayan sufrido un ERTE, reducción de jornada y sueldo, adoptado contrataciones temporales o mucho menos prescindido de su anquilosada plantilla de “trabajadores”. En el contexto sobradamente competitivo e incierto de la crisis económica y sanitaria en la que estamos inmersos, la CIE, como cualquier empresa que se precie, debía haberse deshecho del lastre de plantilla que arrastra y apostado por estrategias creativas e innovadoras, pioneras y eficientes para acometer sus funciones, pero no ha sido así ni será.

Por contra, su existencia no ha significado una mayor resolución de las demandas y necesidades presentadas por las familias; tampoco avanzado en la cohesión de las comunidades y federaciones, muchas de ellas -al menos en teoría-, miembros integrantes de sus propios órganos de “gestión”, como para haber tenido en cuenta, si quiera, el impacto que provocan sus actuaciones en los demás.

Mientras la CIE fomente una permanente dependencia de los fondos económicos oficiales, los derechos de los musulmanes estarán condenados a una servil decadencia, legal, material y espiritual. Es lo que han aprendido y aplican, sabedores de que manteniendo la actual situación ellos seguirán cobrando pues, eso es lo único que les  importa.

Para los integrantes de la CIE fomentar ideas de ciudadanos libres y autosuficientes, sometidos al imperio de la ley, resulta una opinión amenazante y demasiado peligrosa.

De igual modo que la precariedad laboral conlleva altos índices de siniestralidad, la decadencia moral de la CIE ocasiona una constante erosión de las aspiraciones y oportunidades de todos los musulmanes de España, acrecentando un cúmulo de dificultades a la hora de acceder a la ERI, al menú halal, a cementerios islámicos, a la legalización de matrimonios religiosos… golpeando con inclemente incertidumbre los años venideros bajo su gestión.

Cuando su propio presidente y titular de esta subvención,  don Aiman Adlbi, inmerso en investigaciones judiciales y policiales de tal calado que le impiden  mostrarse públicamente en actos oficiales, pretende burlar la dualidad de su ideario arrogándose el liderazgo de la interlocución con los organismos del Estado, se hace imperiosa la necesidad de replantear su  continuidad en el cargo, mas no se irá, ni él ni quienes le ponen velas. Han demostrado sobradamente que su ética no se lo permite.

Como quiera que la CIE debe justificar los gastos a cargo de esta subvención -sufragada con el dinero público de todos-, demandamos practique el democrático ejercicio de transparencia y auditoría pública con la publicación minuciosa y pormenorizada en su web de los conceptos de gastos e ingresos que esgrime en sus cuentas. Porque aceptar dinero público conlleva una serie de obligaciones, cualquier ciudadano tiene el derecho a acceder a los conceptos, partidas presupuestarias y contabilidad que registra la CIE como beneficiario del erario público.

Previamente al cobro de la subvención, la CIE – incluidas las entidades y federaciones participantes en esta subvención por medio de la CIE-, deben acreditar que no son deudoras por procedimientos de reintegro.  El informe de julio de 2020 del Tribunal de Cuentas que fiscalizó las subvenciones de la administración concedidas a las minorías religiosas a través de la FPyC en el año 2017, evidenció la existencia de una deuda pendiente de cobro de 84.050 € por parte de entidades islámicas -correspondientes a las convocatorias de subvenciones de los ejercicios 2006 a 2017-, siendo UCIDE la federación que integraba el mayor número de comunidades con deudas pendientes, 94,  con una deuda global de 73.386 €  e incumpliendo las condiciones de concesión. Como para tomar nota.

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